La diputada del Grupo Mixto en la Junta General del Principado de Asturias, Covadonga Tomé, ha pedido este domingo al presidente autonómico, Adrián Barbón, que ejerza presión tanto sobre el Gobierno de España como sobre el Consejo Superior de Deportes (CSD) para que actúen en respuesta al creciente apoyo popular hacia Palestina en el país.
Reclamación a los máximos responsables del Gobierno y el CSD
Tomé ha instado a Barbón a mantener reuniones con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y con el titular del CSD, José Manuel Rodríguez Uribes, para transmitirles «el sentir del pueblo asturiano», visible en las manifestaciones que han tenido lugar en los últimos días en las calles.
Protestas durante la Vuelta a España en Asturias
La diputada se refería concretamente a las protestas que se han registrado durante las etapas de la Vuelta a España celebradas en Asturias, donde decenas de personas pidieron la exclusión del equipo Israel-Premier Tech de la competición. Los manifestantes denunciaron el uso del deporte como una «herramienta de blanqueo institucional» por parte de lo que califican como «un estado genocida».
«La respuesta de Asturias está clara; no queremos que se use el deporte para blanquear a un estado genocida», afirmó Tomé, mostrando además su respaldo a las doce personas que fueron detenidas durante una etapa que pasó por L’Angliru y que ya han quedado en libertad con cargos. La diputada recordó que «nadie puede ser detenido por una acción de protesta pacífica».
Apoyo a heridos y seguimiento en la Junta General
Tomé también mencionó a una persona que resultó herida en una concentración en Avilés, expresando su apoyo personal y ofreciéndose a ayudar en lo que sea necesario.
Por último, la diputada anunció que presentará preguntas en la Junta General sobre la financiación pública de la Vuelta a España, enfocándose en las subvenciones otorgadas. Asimismo, solicitará información para saber si el Ejecutivo asturiano tiene previsto establecer criterios que impidan financiar eventos deportivos en los que participen entidades vinculadas a países que cometan graves violaciones de los Derechos Humanos o estén implicados en el blanqueo de crímenes internacionales.
