El Tribunal Supremo (TS) ha determinado que es responsabilidad del Juzgado de Instrucción número siete de Sevilla tramitar una denuncia presentada por un árbitro formador de fútbol base, quien acusó un supuesto delito de corrupción en el deporte. La denuncia se centra en la presunta entrega ilegal de dinero en el Colegio de Árbitros de Sevilla por parte de ciertos equipos, con la intención de favorecer un amaño en los encuentros.
Denuncias presentadas por el árbitro formador de fútbol
Según un auto emitido el 12 de junio de 2024 y recogido por Europa Press, el árbitro formador, que ejerce en Sevilla y pertenece al colegio de árbitros local, interpuso el 1 de marzo de 2024 una denuncia ante la Policía Nacional. En ella, señalaba que determinados equipos de la provincia entregaban cantidades de dinero ilegalmente para recibir un trato favorable en los arbitrajes, presuntamente manipulando los resultados de los partidos.
Segunda denuncia contra altos cargos federativos y miembros de la Policía
Al día siguiente, 2 de marzo de 2024, este mismo árbitro presentó otra denuncia ante el Juzgado de Guardia de Sevilla, en la que acusaba a altos cargos tanto de la Federación Española de Fútbol como de la Federación Andaluza, además de a miembros de la Policía destinados en Canarias y otras comunidades autónomas, de comportamientos delictivos. Esta segunda denuncia estaba principalmente dirigida contra responsables de la Federación Española con sede en Madrid.
Conflicto de competencias entre juzgados de Sevilla y Madrid
El Juzgado de Instrucción número siete de Sevilla inició diligencias previas basándose en la denuncia inicial. Sin embargo, en junio de 2024, justo hace un año, decidió inhibirse a favor del Juzgado de Instrucción de Madrid, argumentando que la investigación de los hechos debía realizarse en la circunscripción territorial madrileña, dado el lugar donde supuestamente se cometieron los delitos.
No obstante, en julio de 2024 el Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid rechazó esta inhibición, alegando que no era competente para investigar las diligencias remitidas, ya que de la denuncia no se desprendía que los hechos hubieran ocurrido en Madrid. Como respuesta, el juzgado sevillano planteó una cuestión negativa de competencias ante el Tribunal Supremo para resolver el conflicto.
Decisión final del Tribunal Supremo
Tras analizar el caso y siguiendo el criterio de la Fiscalía, el Tribunal Supremo ha concluido que corresponde al Juzgado de Instrucción número siete de Sevilla continuar con la investigación de la denuncia inicial, que está relacionada con hechos ocurridos en la provincia de Sevilla. Por otro lado, ha determinado que la segunda denuncia, que se refiere a presuntos delitos en la Federación Española de Fútbol, debe ser competencia del Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid.
